El ADN de los oligopolios energéticos españoles o porqué nunca bajan las tarifas

España, 1996. Aznar arrasa en las elecciones generales, y pone fin a trece años de gobierno del Partido Socialista. Un economista con un MBA en Berkeley se hace cargo del área económica del Gobierno. Se llama Rodrigo Rato y le obsesiona no poder cumplir con los compromisos del Tratado de Maastricht. Está en juego entrar en la Unión Monetaria, pero el país está hecho mierda: 3,5 millones de desempleados, casi un 5% de déficit presupuestario y una deuda de 60 billones de pesetas (unos 360.000 millones de euros;). Además, el clima derivado de los escándalos de corrupción del final de la época del PSOE no ayuda a la calma entre los agentes sociales y ciudadanos. Rato decide seguir -más o menos- las políticas que ha impulsado años atrás Pedro Solbes, aunque con reformas: recorte presupuestario, congelación de salario de los funcionarios y reducción de inversiones. Pero se debe demasiado dinero y la única opción es privatizar las numerosas empresas públicas españolas como solución rápida y, así, enjugar el déficit. Y es que las cinco «joyas de la corona» propiedad del Estado (Endesa, Tabacalera, Telefónica, Repsol y Argentaria) tienen un valor de casi siete billones de pesetas (42.000 millones de euros).

Y así fue que, a través de la SEPI, empezó la reconversión de la gran industria pública española y, en especial, del sector de las industrias de red, o public utilities españolas (bueno, y el resto…) y en especial de las energéticas. Para privatizarlas se colocó a gente de confianza del gobierno en estas empresas. La idea era seguir influyendo en ellas una vez privadas. Así que se colocó a Juan Villalonga en Telefónica que la privatizó en 1997, Alfonso Cortina en Repsol privatizada a inicios de 1997, Rodolfo Martín Villa en Endesa privatizada en 1997, Cesar Alierta en Tabacalera privatizada en 1998. (ahora se llama Altadis), Francisco González en Argentaria en 1997, Pedro Ferreras en Red Eléctrica vendida en 1999… Todos estos tipos emprendieron las privatizaciones con decisión. Nombrados por las juntas de accionistas (eso era cierto) tenían toda la legitimidad legal… Pero al acabar todas aquellas privatizaciones, perdieron la legitimidad… ética. Y es que, una vez privadas, no sólo siguieron en sus sillas como sus gestores, sino que blindaron sus contratos y se triplicaron sus sueldos. Todos se hicieron ricos (menos Martín Villa).

Que las cosas no se han hecho bien, no lo digo yo. Lo dijo el Tribunal de Cuentas en 2005. Textualmente, hubieron «actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos«, incluso para las que se privatizaron con una OPV en una salida a Bolsa. Que valió casi todo, vaya. Pero, además de las chapuzas y las actuaciones poco éticas, el resultado final no fue, en absoluto, exitoso. Empresas de baja productividad, tecnologías poco adecuadas, exceso de plantillas, sobrecostes laborales… Además de otros vicios, como los famosos «contratos programa«: una forma de inyectar dinero directamente en esas empresas desde los Presupuestos Generales del Estado. Dependencia financiera total y muy poca eficiencia, que se traducían en una menor competitividad, en especial en el exterior. Y si piensa que una vez vendidas se tenían que «sanear» (con millonarias prejubilaciones), la venta se hacía a la baja; se perdía dinero y, en especial, se desperdiciaba el capital humano de profesionales expertos, retirados de forma precipitada, y sin poder establecer una adecuada transición y trasvase de todo ese talento y experiencia.

Cuando en 2004 llegó -por sorpresa- Zapatero y su bisoño equipo, la cosa se volvió a complicar. De entrada se invitó a Alfonso Cortina a ceder el mando de REPSOL a Antoni Brufau (gracias a La Caixa, y por 20 millones de euros de indemnización); luego tenían que caer los otros: Alierta en Telefónica, Francisco Gonzalez en el BBVA, Xabier de Irala en Iberia, todos afines al PP, para poner a los suyos. Y llegó el sainete de la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa (y, de paso, echar a Manuel Pizarro, que había ido meses antes en las listas del PP). Lío Gordo. Batallas jurídicas.»El País» contra «El Mundo». La CNE autorizando la compra y el Tribunal Supremo denegándola. ¿Estaba en juego armar la primera empresa energética española, aunque la sede estuviese en Barcelona? Más bien estaba en juego el control político de las altas empresas. Pizarro convenció a la alemana EON para mejorar la oferta de Gas Natural. El PP estaba eufórico: «Antes alemana que catalana«. En paralelo, Acciona y ENEL compraban cada una el 25% de Endesa sin lanzar OPA. EON se largó viendo el percal. El Gobierno estaba eufórico: «España Re-Acciona» cuentan que dijo Miguel Sebastián. Manuel Conthe, presidente de la CNMV protestó por lo que entendía un fraude. Ni caso. Dimitió. ¿Resultado? Endesa hoy es italiana y Acciona se llevó más de 12.000 millones de euros en plusvalías. Olé. Hay más ejemplos de procesos sin lógica de mercado y alta intervención política: ACS e Iberdrola, Sacyr, Lukoil y Repsol, Sacyr y Pemex… hasta la última fusión entre Gas Natural y Fenosa. Las tarifas eléctricas siguen altas. Turbias confluencias entre gobierno y altos gestores afines al poder (me niego a escribir «empresarios«) y ejemplos innumerables.

Hay dos fórmulas para privatizar. La primera es «a la inglesa«: saliendo rápidamente de los monopolios y luego troceando las empresas para que haya competencia entre ellas por menores posiciones de dominio. ¿Conoce a alguna empresa eléctrica inglesa? De hecho, todas las distribuidoras que se crearon al privatizar el monopolio público vertical son hoy propiedad de empresas extranjeras. A los ingleses les da igual si los precios son bajos. La segunda es «a la francesa«: saliendo poco a poco del monopolio y luego creando empresas enormes (son los llamados «campeones nacionales«); peso del Estado, mando en el país y previsible éxito en el extranjero. Ahí tiene a EDF (eléctrica), TOTAL (petróleo) o GDF (gas) en Francia. Modelo que copiaron Italia (ENEL y ENI), Bélgica (con Suez-Electrabel) o Portugal (EDP y GALP). En España se hizo una mezcla: se salió rápido -a la inglesa- y se crearon empresas enormes -a la francesa- por fusiones políticas una vez privadas (como Gas Natural-Fenosa). Ese proceso lo suelen financiar unas altas tarifas, lógicas al haber poca competencia (piense en precios eléctricos o de telefonía: nunca bajan). Y las empresas energéticas españolas eran, en realidad, demasiado grandes como para tener precios bajos en España (débil competencia) y, a la vez, demasiado pequeñas como para competir con éxito en el extranjero. 

Luego podemos hablar de sus resultados. Su historial de invertir (en interminables comités) millones y millones de euros en lo alto del ciclo (en España ha sido desastrosa la planificación energética de redes 2008-2016 responsable de buena parte del exceso de capacidad energética actual) y vender después a mínimos de ciclo, perdiendo todo y más, es histórica. Es lo que se llama «pro-cíclicas». Hace cuatro días, por ejemplo, Iberdrola vendía su negocio eólico en Francia y Alemania, es decir los países más solventes de su cartera. Gran decisión: vender barato cuando el mercado te ahoga. Además, hay una bajísima participación de los consejeros en las acciones de la empresa. Lo que se llama «poco apalancamiento al precio de la acción«. En otras palabras, los gestores de la empresa no arriesgan su retribución mucho con ella y no tienen muchas acciones de las mismas, lo cual resulta curioso para un negocio donde las inversiones son a largo plazo. En España son empresas que cotizan con valores de PER (beneficio por acción) de dos dígitos como si fuesen empresas del NASDAQ, y no tienen nada de tecnología innovadora. Será por los pocos dividendos que reparten. Bueno, si reparten… porque antes emiten bonos diluídos o recortan el dividendo, pagando en acciones o ampliando capital. Como Telefónica hace cuatro días. Aún así, los analistas en bolsa las siguen recomendando.

En ningún lugar está escrito que una empresa privada sea más eficiente que una pública, porque la eficiencia la establece… la competencia. España creó un monopolio privado energético que se ha convertido en un enorme grupo de presión. Una privatización debe ir seguida de una flexibilización del mercado y una liberalización de los agentes. Y en España no ha sido así nunca para las public utilities. Pero luego está la segunda parte: muchos políticos que han intervenido en esos procesos han acabado en las empresas energéticas como asesores o consejeros, generando una parálisis para la competencia. Aunque (muy) poco ético, tiene una cierta lógica: las utilities españolas deben seguir cercanas al Gobierno y sus contactos para así poder presionar al ejecutivo de turno y mantener ese drenaje de recursos de los clientes. Son los problemas de tener en España a una clase política que ha colonizado todos los estamentos públicos: desde el Tribunal Constitucional al Banco de España (o sea los que aplican la ley) y unos profesionales técnicos, que saben más de derecho administrativo que de hablar inglés. «Captura de rentas» lo llaman algunos. «Pelotazos» o «enchufes«, otros. «Crony Capitalism» en inglés. Poco higiénico (digámoslo así) y malo, muy malo, para los consumidores. ¿Para cuándo esa transición en España de la gran empresa a una economía de mercado transparente y competitiva, donde trabajar e innovar sean el único camino al éxito?