Margaret Thatcher, el NIMBY y el precio de la vivienda


Cada vez que paso cerca del polígono petroquímico de Tarragona pienso en lo que costaría construirlo hoy. Siempre llego a la misma conclusión: hoy no se podría. ¿Y prometiendo que se dispondría del hub petroquímico más importante del sur de Europa en producción de plásticos? ¿o que se crearían 10.000 empleos directos? ¿podríamos? Creo que ni así. Ni siquiera con la que está cayendo. Casi imposible. Vaya por delante que cualquier posición es lícita. Desde la de los colectivos locales, que luchan por defender y preservar el territorio, a la legítima aspiración del desarrollo empresarial. Todas las actuaciones impactan en el medio, pero escuchar la opinión del territorio en proyectos de gran afectación (impacto tienen todos), o de difícil encaje social o ambiental, suele mejorarlos. El problema se da cuando la queja no busca modificar proyectos y reducir sus riesgos sino pedir, simplemente, que lo hagan en otro sitio. Y cuanto más lejos, mejor.

En los 80 Margaret Thatcher emprendió una profunda reforma del Reino Unido. Eran años muy convulsos: el IRA asesinando a políticos, la inflación desbocada y una profunda crisis industrial; por ejemplo, los mineros británicos estuvieron todo un año de huelga (¿recuerda la película ”Billy Elliot?). Thatcher optó por muchas medidas impopulares, buscando reducir la inflación. Pura economía de oferta, caracterizada por privatizaciones,  reducción de impuestos y presión a los sindicatos. Fin del engorroso Estado. Y todo ello trufado con una moral muy conservadora. A lo Reagan. En ese entorno, una de las medidas estrella era la modernización de los desastrosos ferrocarriles británicos. Se necesitaban nuevas infraestructuras, de elevado impacto en el territorio. La reacción de la población (seguramente más fastidiada por otras cosas), los grupos ecologistas o la oposición política, fue de rechazo absoluto. Aunque era evidente que los trenes eran necesarios, y esas reformas deseadas, nadie quería asumir el coste territorial. Nicholas Ridley, Barón de Liddesdale pero también Secretario de Estado de Medio Ambiente, al ver la reacción de los afectados, les definió como los “Not in My Back Yard”. Es decir los “en mi patio trasero, no”. Aquí no me lo ponga, My Lord. Con el tiempo, el Barón ha pasado a la historia por la ocurrencia, que se suele a reducir a sus siglas: NIMBY.

Efectivamente. El término NIMBY se utiliza para designar a aquellos colectivos que reaccionan rechazando la instalación de nuevas infraestructuras en un territorio, pero no cuestionan su necesidad. A veces se usa el término castellanizado SPAN (“sí, pero aquí no”). Whatever. Al NIMBY le da igual que se trate de un complejo industrial, una central energética, una planta de tratamiento de residuos, un centro de drogodependientes, una comisaría o un colegio. Un NIMBY percibe la situación como un riesgo. Un peligro. Un cambio irreversible. Una molestia considerable, ya sea para ellos o para su entorno cotidiano. Entonces se organizan como un colectivo para presionar de forma legal: manifestaciones, campañas, cortes de tránsito, pegatinas, almuerzos populares, etc. Hay que crear una opinión y generar un debate.

Pero el elemento distintivo no es una discusión sobre los impactos del proyecto: es su proximidad a él. Aquí no. Hacen falta cárceles, pero no las ponga aquí. Mejore las carreteras y accesos, pero no expropie mi finca. Caray; que poca cobertura tengo, pero no me instale esa antena repetidora. Si quiere encontrar su NIMBY más cercano, entre en este website y localice su “conflicto socioambiental” más próximo. El extremo opuesto al NIMBY sería el BANANA (“Build-anything-at-all-near-anyone”, o sea “haga lo que sea donde sea”) y en sus antípodas, el NIMBY más radical, el NIABY (“not-in-any-backyard“, o sea “nada en ninguna parte“); existe también el nuevo YIMBY (“Yes-in-my-backyard” o sea, “hágalo aquí“) que acepta nuevas inversiones en el territorio al coste que sea, como los municipios españoles interesados en albergar un almacén de residuos nucleares.

¿Por qué se produce este fenómeno? Desde un punto de vista económico, lo que busca un NIMBY es mantener el valor de su activo. Entiende que esa nueva actividad impactará negativamente en las condiciones de habitabilidad (polución, ruido, etc.) de su vivienda, terreno o entorno, y supone que con ello perderá valor. Y no hablamos de dinero en sentido estricto, sino de valor. Los economistas dirían que se trata de una estrategia típica de perfiles adversos al riesgo. La paradoja es que nadie puede asegurar el valor de un activo inmobiliario. Además, el sentimiento de disponer de un activo con valor es equivalente para una vivienda o un paraje natural; el impacto siempre reduciría su valor. Peligrosa e irreversiblemente. A partir de ahí, el elemento clave para optar por el NIMBY o no, será su flexibilidad y disponibilidad de alternativas. Si está de alquiler, se irá a otro sitio. Si está de propiedad, luchará por defender su propiedad, pues se trata de un activo personal muy valioso, que puede jugar un papel relevante en su futuro (vivienda, pensión, ocio…). Si se trata de un paisaje, será su vinculación afectiva con él la clave de su actuación. No querrá que pierda valor.

Y es que como El NIMBY suele ser tanto el inversor como el usuario del activo tiene muy difícil diversificar su riesgo: su activo es de tan alto valor -y no digamos si dispone del terreno en propiedad- que le resulta imposible vivir en una casa y tener otra como inversión a largo plazo. Además, tiene cierta perspectiva de inflación (ya saben: “los pisos no bajan nunca de precio“). Desde este punto de vista, el NIMBY y su ansiedad se reducen a la necesidad de no perder el valor, y eso se puede conseguir si algún otro lo pierde… En otras palabras, al desaparecer el proyecto del entorno desaparece la ansiedad. Ese sentimiento de desigualdad se compensa cuando existe otra desigualdad en la que mantienen su valor relativo: otro perderá el valor pero, en su conjunto, yo gano. Pura ganancia individual frente a la colectiva.

Llegados a este punto ¿a qué se parece la actitud NIMBY? A la del conocido dilema del prisionero de la teoría de juegos: se carece de un incentivo colectivo –la necesidad de la infraestructura común- que supere el incentivo individual –no perder valor del propio activo- y se renuncia al sacrificio. Por otro lado, es una respuesta natural a lo que se entiende como una amenaza opaca de un grupo inversor poderoso o una Administración poco transparente. ¿Es falta de solidaridad? el NIMBY tiene una vertiente muy positiva: de no existir, las agresiones al territorio serían indiscriminadas. ¿Pero cómo conseguir que se aprueben los proyectos necesarios? Por un lado transparentando el proyecto, reconociendo sus impactos y explicando su necesidad. Por otro lado demostrando la reversibilidad de la actuación (no tiene porque ser permanente), su carácter no rígido (que el NIMBY puede modificar el proyecto) y compensando la actuación de forma lo menos monetaria posible (eso ofende al NIMBY, que se siente comprado). No puede quedar claro que hay un ganador; porque pactar es siempre eso: nadie lo gana todo y todos pierden un poco.

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Acerca de David Ruyet

David Ruyet (Barcelona, 1970) is an Industrial Engineer by the UPC and MBA by ESADE Business School and Ph.D (c) in Economy. All his professional career has been devoted to solve problems in the energy sector, starting with renewables in 1995, and currently lives in Buenos Aires (Argentina). Blogging at www.davidruyet.net is an opportunity to share opinions about current topics regarding to energy and economy.
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